El Consejo de Estado negó la solicitud de pago de unos $ 55 mil millones que, supuestamente, Ecopetrol le adeudaba a la Universidad de Cartagena, por la retención y transferencia de recursos de una estampilla a nombre de la institución de educación superior. A juicio de la Sección Cuarta, no podía acudirse a la acción cumplimiento para alegar la procedencia de esta exigencia. Ello porque, dice la corporación, tanto el juez de primera instancia como el Tribunal Administrativo de Bolívar habían precisado qué rubros por concepto de intereses y sanciones no hacían parte del recurso en cita. En esta providencia de tutela se indica que si la accionante considera que se debieron incluir estos pagos debe acudir a la vía gubernativa (C. P. Martha Teresa Briceño).