Juan Camilo Serrano Valenzuela
Abogado y asesor tributario
jcserranov@jcsvabogados.com

Ante las ya conocidas circunstancias en las que se encuentran las finanzas de la Nación, con presupuesto desfinanciado para el presente año y el enorme faltante para el presupuesto propuesto por el Gobierno Nacional para el 2026, se observa un gran arsenal de conductas incorrectas, sospechosas o abusivas por parte de algunas autoridades, tanto en el cumplimiento de la función administrativa de control tributario, como en la concertación y en las acomodadas interpretaciones de la doctrina oficial, que evidencian ante todo una gran voracidad pública para expoliar a los ciudadanos de los recursos legítimamente obtenidos, y sin justificación legal alguna.

Son varias las conductas de las autoridades que muestran la necesidad de recaudar y recaudar, sin límite ni vergüenza, torciendo el pescuezo a la ley, y abusando de formas jurídicas y derechos de los ciudadanos.

Acudir a la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, para que la lucha contra el delito, en una sociedad que tradicionalmente ha mostrado elevadísimas cifras de impunidad, solo nos recuerde ahora los tradicionales “chepitos”, que creíamos desaparecidos, con el fin de cobrar obligaciones que, por mandato de la ley tributaria se encuentran prescritas, recurriendo a un tipo penal diseñado para evitar apropiación de recursos públicos, en un mecanismo que tape la inactividad de la administración de impuestos, que no logra cobrar obligaciones en los términos que la ley le ha otorgado.

Considerar, mediante interpretaciones jurídicas sacadas de la manga de un ilusionista, que es necesario distinguir beneficios tributarios como los otorgados a los rendimientos financieros, dependiendo de la calidad de residente fiscal, cuando la ley, clara y contundentemente los otorga a las personas naturales, sin distinción alguna, violando los principios de interpretación que determinan que, si la ley no distingue, no le es dable al intérprete distinguir; o pretender que un  responsable de IVA no goce de la posibilidad de descontar el impuesto pagado en el proceso productivo, por su especial condición de no contribuyente en el impuesto sobre la renta, como si el IVA no fuera, en esencia, la imposición a la agregación de valor en un proceso económico.

Parece que no es suficiente el uso abusivo de las formas legales por parte de la administración, cuya actividad se ha centrado en los últimos tiempos a recaudar sin sustento legal, a deformar el sistema sin pensar en la lucha contra la evasión y la elusión tributaria, que sí constituyen el objetivo fundamental del control de las autoridades tributarias, limitándose casi exclusivamente a mejorar las cifras de recaudo, aún por encima del espíritu de justicia que debe orientar el cumplimiento de los deberes de los funcionarios, en ejercicio de sus deberes, conforme lo ordena el artículo 683 del Estatuto Tributario.

Sin embargo, no es suficiente. Es necesario, además, intentar por todos los medios la aprobación de presupuestos desfinanciados, cuyo único sustento es un proyecto de ley de financiamiento que, para algunos sectores, incluido el financiero, el minero e inclusive los ciudadanos de menores ingresos que solo pagan impuestos indirectos, son víctimas del traslado de las cargas por los servicios que les corresponde pagar.

El proyecto de ley de financiamiento modelo 2025 –o de expoliación– no es otra cosa que la necesidad de recursos sin medida, sin intentar siquiera mejorar el sistema, buscar equidad o dirigir la economía, sino acudiendo a conductas propias de disipadores, propensos a malgastar, derrochar o gastar sin límite y, más grave aún, sin fuente de ingreso.

No obstante, con algo de tranquilidad observamos en días pasados la disposición del Gobierno de acordar reducciones en el presupuesto y en el recaudo esperado por la propuesta de ley de “expoliación”, modelo 2025, pero con resultados esperados aunque no deseables: el acuerdo no fue aprobado, porque se descompuso el cuórum por quienes representan al Gobierno en el Congreso de la República, les hicieron “conejo”, como coloquialmente llamamos a estas conductas.

Es el talante al que venimos acostumbrándonos, pero ojalá no lo hagamos parte de nuestra cultura. Recordemos que, como afirmaba Stefan Zweig, “a quien está hambriento de poder sólo le importa ejercerlo y no la opinión de los demás, únicamente el botín y no el honor”.

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