Inscripción y reacreditación profesional no deberían ser establecidas para todos los contadores públicos

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública realizó varios comentarios al proyecto de la Junta Central de Contadores que busca reglamentar la profesión contable. Entre otros aspectos, la entidad se pronunció acerca de la equivalencia de denominación de contador público y contador profesional, los requisitos para la inscripción de los contadores, el registro y certificación de la profesión, refrendación de certificaciones profesionales y las facultades disciplinarias.

En cuanto a la inscripción de los contadores públicos, la entidad precisó que si bien está de acuerdo en que deben existir mecanismos de inscripción, habilitación inicial y reacreditación profesional, estos no deberían ser establecidos para todos los contadores públicos, pues de los 278.743 contadores públicos activos la mayoría están dedicados a actividades en las empresas y no propiamente a la prestación de servicios de aseguramiento (auditorías, revisiones y otros trabajos distintos prestados por el revisor fiscal o contadores independientes).

Por ello, la habilitación y posterior reacreditación profesional debe establecerse para algunas de estas actividades y no para todas, particularmente para aquellas en las que la opinión del contador incrementa la confianza que los terceros tienen en los informes financieros y no financieros.

Der otra parte, indicó, es necesario pensar en un proceso de transición que permita un tiempo prudencial para que los contadores que actualmente están habilitados para el ejercicio profesional cumplan los nuevos requisitos, el cual podría ser de cinco años, lo cual es suficiente para cumplirlos respecto a las áreas de conocimiento que sean establecidas.

Por último, es fundamental que las propuestas realizadas consideren a todos los actores en la cadena de información, si el fin es el bien común y el interés público, que un contador demuestre experiencia y competencia, compromiso por el aprendizaje y desarrollo permanentes, protege la confianza y credibilidad que terceros tienen en la profesión, además de contribuir a la calidad, transparencia y mejora en la asignación de recursos.