El inicio de un proceso de liquidación judicial o administrativa no releva o libera al sujeto del cumplimiento de las obligaciones tributarias a su cargo, así como tampoco impide que la administración tributaria haga uso de sus facultades de fiscalización y liquidación orientadas a la determinación oficial de la obligación. Así las cosas, indicó el Ministerio de Hacienda, el representante legal, el liquidador o la persona que corresponda, según el tipo de proceso de que se trate, está obligado a informar a la administración de impuestos para que se haga parte en el proceso y haga valer las deudas ya exigibles y las que se causaren en el futuro. En caso de no informar sobre el inicio del procedimiento, puede vincularse al liquidador a quien haga sus veces en calidad de deudor solidario.