¿Cómo puede haber libre iniciativa privada si el Estado arrebata a los ciudadanos el capital con el cual podrían crear empresa? Así plantea el debate la demanda admitida contra los artículos 27, 36, 37 y 38 de la Ley 1943 del 2018 (Ley de Financiamiento), por el presunto desconocimiento del derecho a la libre empresa y la iniciativa privada. En efecto, estas normas modifican algunos artículos del Estatuto Tributario sobre el hecho generador, la base gravable y la tarifa del impuesto al patrimonio. Para el accionante, estas disposiciones vulneran el principio de progresividad ya que establecen la tarifa del 1 % para todos los patrimonios, con independencia de su monto. Además, se afectaría el principio de equidad tributaria al estipular únicamente como sujetos pasivos a las personas naturales (pues las jurídicas se encuentran exoneradas), y al no considerar que los bienes que integran el patrimonio ya están gravados con otros impuestos. Por esta razón, solicita a la Corte Constitucional su expulsión del ordenamiento jurídico (demandantes: Jesús Pérez y Felipe Zuluaga).