La Corte Constitucional conoció una acción pública de inconstitucionalidad en contra de varios artículos de la Ley de Financiamiento del 2018, en los cuales se determinaron las tarifas para el impuesto de renta respecto a la cédula de ingresos por dividendos y participaciones y las normas que regulan el hecho generador, la base gravable y la tarifa del impuesto al patrimonio. El accionante consideraba que las disposiciones acusadas desconocían el principio de progresividad y equidad tributaria, pues la tarifa del impuesto de renta por ingresos derivados de dividendos y participaciones es inferior a aquella aplicada a los ingresos laborales. El alto tribunal determinó que las normas no desconocían los principios tributarios alegados, pues los ingresos tienen un origen distinto. De igual manera recordó que, en virtud de la progresividad tributaria, los impuestos contribuyen a la redistribución de la riqueza y, en consecuencia, las contribuciones deben ser acordes a la capacidad económica de los contribuyentes (M. P. Cristina Pardo).