El  Concejo de Bogotá, a través del Acuerdo 724 del 2018, aprobó el cobro de valorización a los dueños de predios para realizar 16 obras en tres zonas de la ciudad, por casi $ 900 mil millones. Una concejal interpuso una acción de nulidad contra este acto administrativo y pidió una medida cautelar de urgencia para suspenderlo de forma provisional mientras la justicia administrativa resuelve la acción de fondo. Recientemente, el Ministerio Público le solicitó al Juez 44 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá la suspensión temporal del acuerdo, pues, al igual que lo sostenido por  la accionante, se estaría violando el principio constitucional de equidad tributaria. En sus palabras, “al no basarse en estudios serios y definitivos que permiten definir el costo o presupuesto como base gravable de la contribución esta valorización se constituye en una falacia que atenta contra la equidad tributaria, al establecer una carga para los contribuyentes sin el ejercicio de planeación requerido que permita lograr el fin buscado con el tributo”.