La Corte Constitucional admitió una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 98 de la Ley 2008 del 2019, el cual fija el plazo de 10 meses para el pago de las condenas de la segundad social impuesta a entidades territoriales o de cualquier entidad del orden central o descentralizado por servicios. Según el concepto del demandante, la normativa no tiene un vínculo directo e inmediato con el contenido normativo de la ley en lo referente al presupuesto de rentas y recursos de capital y apropiaciones para la vigencia fiscal del año 2020.