Fue admitida una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 352 de la Ley 1819 de 2016, que reguló el impuesto de alumbrado público. El accionante alegó la violación de los artículos 287, 338, 362 y 363 de la Constitución Política, advirtiendo que con este articulado el Congreso reguló minuciosamente el recaudo, facturación y control del tributo, aunque el texto constitucional indica que únicamente le correspondía la creación. El demandante indicó que con esta regulación la Rama Legislativa impidió el ejercicio de la autonomía tributaria de la entidades territoriales para definir los elementos básicos de los impuestos (hecho gravable, sujeto pasivo y tarifas), así como la administración de sus propios recursos.