El Consejo de Estado reiteró que las cuentas de cobro son actos administrativos, ya que contienen una manifestación de la voluntad de la administración capaz de producir efectos jurídicos. Es por lo anterior que, al momento de su notificación, la autoridad administrativa debe pronunciarse sobre los recursos que legalmente proceden contra estas, ante quiénes deben interponerse y los plazos respectivos. El caso analizado por la Sala hace referencia al cobro que el municipio de Medellín le hizo a las Empresas Públicas de Medellín ESP por el derecho de “rotura de vías”, con base en un decreto que fue anulado por el Tribunal Administrativo de Antioquia (C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia).