Corte se inhibe de pronunciarse en demanda contra sanciones cambiarias a cargo de la DIAN

El artículo 5 del Decreto Ley 2245 del 2011, el cual establece el régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario, había sido demandado por presuntamente vulnerar el artículo 29 de la Constitución Política. Los accionantes solicitaban la declaratoria de exequibilidad condicionada de un inciso de dicho artículo, el cual establece la forma como se contabiliza el término de prescripción de la acción sancionatoria cuando la infracción es continuada. A criterio de los actores, la disposición es ambigua, lo que implica una violación del derecho al debido proceso y al principio de prescripción. La Sala recordó que para poder hacer un estudio de constitucionalidad las demandas deben contener tres elementos esenciales: “(i) referir con precisión el objeto demandado, (ii) el concepto de la violación y (iii) la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto”. Respecto a las razones que se expongan para sustentar la posible inconstitucionalidad de una norma, estas “deben ser -al menos- claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”. En el caso concreto la Corporación decidió declararse inhibida para emitir pronunciamiento de fondo sobre el cargo debido a inaptitud sustantiva de la demanda, debido a que “el cargo no cumplía con los requisitos de certeza, suficiencia y pertinencia. La falta de certeza radicó en que la demanda desestimó que el aparte censurado sí contiene elementos para definir cuándo se puede configurar una infracción cambiaria continuada, y por ende, fijar el término de prescripción. La ausencia de suficiencia se evidenció en que la demanda no identificó una postura o interpretación reiterada y consistente de la DIAN sobre la norma demandada que pudiera ser objeto de análisis constitucional (M. P. Diana Fajardo Rivera).