Esta fue la decisión adoptada por el alto tribunal luego de estudiar una demanda en contra de un inciso del artículo 5º del Decreto Ley 2245 del 2011, referente a la prescripción de la acción sancionatoria. La Corte declaró la ineptitud sustantiva de la demanda, la cual alegaba que la disposición era inconstitucional en tanto presuntamente vulneraba el derecho al debido proceso y el principio de prescripción contenido en el artículo 29 de la Constitución Política. Tanto la Secretaría Jurídica de la Presidencia como la DIAN y la Procuraduría General de la Nación solicitaron que la Corporación se declarara inhibida. La Sala concluyó que el cargo no cumplía con los requisitos de certeza, suficiencia y pertinencia. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez salvó su voto al considerar que una vez admitida la demanda debía entenderse que el accionante había cumplido los requisitos para que la Corte emitiera un pronunciamiento de fondo (M. P. Diana Fajardo Rivera).