La Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó que este gravamen, regulado por la Ley 25 de 1921 y los Decretos 868 de 1956, 1604 de 1966, 1394 de 1970 y 1333 de 1986, no puede considerarse una tarifa, por lo menos como se concibe tradicionalmente, ya que ha sido diseñado como una forma de recuperación de los gastos en que incurre una entidad para la realización de una obra en donde, a pesar de mediar un interés público, se termina por incrementar el patrimonio de terceros. En efecto, agregó, en estricto sentido no es una tarifa porque la contribución busca distribuir el valor agregado que una obra significa para ciertos inmuebles, es decir, como un coeficiente de reparto de costos y beneficios. Que el valor a pagar será en últimas el incremento patrimonial del bien en relación con la inversión de la entidad, concluyó (C.P. Hugo Fernando Bastidas).