Dos agremiaciones que agrupan a los denominados san andresitos de Colombia interpusieron una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1762 del 2015, que adoptó instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando. Son numerosos los motivos esbozados en el escrito, entre otros, se explica que la disposición viola los principios de unidad de materia, consecutividad, identidad flexible, no regresividad, proporcionalidad y razonabilidad. De otro lado, se sustenta que dicha normativa modificó leyes orgánicas y estatutarias. Y, finalmente, se advierte que se desconocieron las cláusulas competenciales constitucionales que le corresponden al Presidente de la República (Demandante: Henry Villarraga Oliveros).