La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que el operador judicial de segunda instancia está facultado para revisar los criterios empleados por el juez de primera y modificar la proporción dentro del cuarto elegido, para imponer el máximo de la dosificación punitiva. En efecto, la corporación explicó que el juez de mayor jerarquía puede revisar los fundamentos expuestos por el inferior, con miras a determinar si los criterios de gravedad de la conducta, el daño real causado, la intensidad del dolo y las funciones de la pena resultan proporcionales, racionales y necesarios. Cuando no es así, el tribunal queda obligado a activar los correctivos necesarios, sin que por ello su conducta pueda calificarse como arbitraria o caprichosa, sentenció  (M. P. José Luis Barceló)