Con 96 votos afirmativos, la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de reforma a la justicia promovido por el Gobierno, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación que tiene como propósito la reparación integral, la concesión de beneficios por allanamientos y preacuerdos y la aplicación del principio de oportunidad, todo con el objetivo de garantizar una administración de justicia penal “pronta y eficaz”.

Esta reforma busca solucionar la congestión que afecta al sistema penal y propone mecanismos para acelerar la emisión de sentencias. Actualmente, los fallos pueden tardar más de 10 años, lo que ha generado la prescripción de más de 43.000 procesos en los últimos años.

Con la nueva normativa, se pretende que las decisiones judiciales se produzcan en plazos que van desde 1 hasta 12 meses, lo que representaría un ahorro para el Estado.

Entre las medidas clave del proyecto se incluyen la reparación integral a las víctimas, la ampliación de los beneficios por aceptación de cargos, especialmente en casos de flagrancia, y la posibilidad de acceder a rebajas de pena en delitos específicos.

Además, se fortalece el principio de oportunidad para permitir acuerdos entre las partes cuando ello contribuya a la justicia.

Otro aspecto destacado de la reforma es la introducción del uso de pruebas anticipadas, lo que permitirá actuar con mayor celeridad en procesos penales. También se contempla la posibilidad de suspender los términos procesales en ciertos casos para evitar la prescripción, asegurando así que más delitos sean juzgados y sancionados.

Tras su paso por la etapa de conciliación, el proyecto será enviado a sanción presidencial para convertirse en ley.

Myriam Ávila Roldan, presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al celebrar la aprobación dijo: “creo que es una iniciativa que va a producir resultados y que todos podemos congratularnos después de este trabajo colectivo para una justicia más eficaz en favor de la víctimas, las garantías de los procesados y que busca los equilibrios necesarios dentro de un sistema penal acusatorio acorde a nuestra Constitución Política”.

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