Un proyecto de ley plantea un procedimiento preferencial para los procesos judiciales relacionados con la niñez y adolescencia. La iniciativa precisa que el trámite de todo asunto penal en el que el sujeto pasivo sea un menor de edad, o aquellos en los que el objeto en material civil se relacione con derechos que recaigan en menores de edad será preferencial, siendo sustanciados con prelación por el operador judicial competente. La propuesta agrega que se pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente, salvo tutelas y graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Adicionalmente, se propone que la indagación o investigación que realice la Fiscalía General de la Nación para identificar tipicidad y antijuridicidad de una conducta, así como la posible autoría o participación del imputado en el hecho criminal, no exceda de seis meses para los delitos  de violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria y el ejercicio arbitrario de la custodia del hijo menor de edad.