Una de las modalidades del delito de prevaricato por acción consiste en la emisión de una decisión como resultado de una valoración probatoria amañada, es decir, un producto que desdice y contradice aquello que la evidencia objetivamente apreciada, indica y acredita, recuerda la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, la conceptualización de la contrariedad manifiesta de la resolución con la ley hace relación a las decisiones que sin ninguna reflexión o con ella ofrecen conclusiones opuestas a lo que muestran las pruebas o al derecho bajo el cual debe resolverse el asunto, de tal suerte que el reconocimiento que se haga resulta arbitrario y caprichoso al provenir de una deliberada y mal intencionada voluntad del servidor público por contravenir el ordenamiento jurídico. Es por esto que riñen con la libertad relativa la apreciación torcida y parcializada de los medios probatorios, su falta de valoración o la omisión de los oportuna y legalmente incorporados a una actuación, en consideración a que por su importancia probatoria justificarían o acreditarían la decisión en uno u otro sentido a partir del mérito suasorio que se les diera o que hubiera podido otorgárseles, enfatiza la alta corporación. (M.P. Eugenio Fernández Carlier).