A un año del ‘cartel de la toga’, esta es la situación de los vinculados

El último martes de junio del 2017, el país conoció uno de los escándalos de corrupción en la Rama Judicial más vergonzosos de su historia. Paradójicamente, y para rubor de las altas esferas de la justicia, el caso se destapó con la captura del fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.

 

Precisamente, esta semana inicia el juicio en EE UU de este joven y prometedor abogado, según reconocían no pocas figuras del mundo jurídico, ahora acusado por las autoridades norteamericanas ante un tribunal federal del sur de Florida de “lavado de dinero y fraude electrónico”.

 

Antes de irse extraditado, Moreno obtuvo su principio de oportunidad, lo que hace suponer que colaborará con el esclarecimiento de los hechos en Colombia, que involucran a exsenadores, exgobernadores y exmagistrados, en una relación de mutuos beneficios para dilatar procesos judiciales a cambio de millonarios pagos. El país conoció hace un año lo que se denominó, para vergüenza de la justicia, el ‘cartel de la toga’.

 

Y es que, según investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, Moreno y el abogado Leonardo Luis Pinilla conformaron una organización criminal integrada también por el magistrado Gustavo Malo Fernández (ya relevado de sus funciones en la Corte Suprema de Justicia) y los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.

 

Este grupo ofrecía a aforados investigados por hechos de corrupción y nexos con grupos al margen de la ley (“parapolítica”) ayuda para que las investigaciones en su contra no avanzaran, no solo dilatando los procesos, sino moviendo en los medios de comunicación versiones para desacreditar a testigos.

 

El ente acusador indicó que estas personas se reunían periódicamente en sus residencias o en lugares públicos como hoteles, reconocidos restaurantes o incluso fuera del país con el fin de planear la operación de la organización y, a su vez, la forma de manejar los casos.

 

A continuación, ÁMBITO JURÍDICO indica los principales actores de este entramado en la Rama Judicial y el estado de sus casos.

 

Luis Gustavo Moreno

 

Como ya indicamos, el exfiscal Moreno fue enviado para que comparezca a juicio ante las autoridades de EE UU, concretamente ante una corte de Florida, por los siguientes cargos:

 

-          Concierto para cometer fraude electrónico.

 

-          Fraude electrónico, ayuda y facilitación de dicho delito.

 

-          Concierto para cometer lavado de dinero.

 

-          Lavado de dinero al transportar, transmitir o transferir fondos desde un lugar en EE UU a otro lugar fuera de este país, con la intención de promover la continuación del soborno a un funcionario público. (Lea: Esta es la norma que autoriza la extradición de exfiscal Luis Gustavo Moreno)

 

Hoy inicia su juicio en EE UU, pero falta conocer lo que sucederá en Colombia con su caso y la colaboración acordada con las autoridades para conocer a fondo la estructura de corrupción. Moreno y su compañero de acusación, Leonardo Pinilla Gómez, enfrentan 20 años de prisión en Norteamérica.

 

Francisco Ricaurte

 

El futuro de Francisco Javier Ricaurte, primer expresidente de la Corte Suprema de Justicia tras las rejas, está en manos de la justicia ordinaria, se le acusa de cometer varias conductas delictivas con posterioridad a su periodo de magistrado.

 

El septiembre del 2017, a solicitud del Fiscal Tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, un juez de control de garantías libró orden de captura contra el abogado cartagenero. Así pues, se le imputaron en el complejo judicial de Paloquemao de Bogotá los siguientes delitos:

 

-Concierto para delinquir agravado. (Lea: Auge y caída de Francisco Ricaurte, el primer expresidente de la Corte Suprema acusado por corrupción)

 

-Cohecho.

 

-Tráfico de influencias.

 

-Uso abusivo de información privilegiada.

 

José Leónidas Bustos

 

A este expresidente de la Corte Suprema de Justicia lo investiga la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes; lo más reciente de su caso, que no avanza como reclama la opinión pública, es la solicitud de investigación al Consejo Superior de la Judicatura de los abogados de la defensa, por dilatar el proceso, pues el representante investigador, Edward Rodriguez, ha sido recusado constantemente.

 

Es necesario mencionar que Bustos basa su defensa en que su nombre fue usado abusivamente por el exfiscal Moreno.

 

Lo cierto es que será necesaria la reanudación de labores del Congreso de la República, el próximo 20 de julio, para conocer el futuro de Bustos.

 

Gustavo Malo

 

Este abogado, especialista en ciencias penales, profesor universitario y magistrado de la Sala Penal, se encuentra suspendido de sus funciones, hasta que se resuelva su situación judicial.

 

Es bueno recordar que la Corte Suprema modificó su reglamento interno para suspenderlo, dada la afectación a la legitimidad de la justicia, y luego de reiteradas excusas de Malo para no enfrentar la decisión personal de retirarse del cargo.

 

En su caso, la Comisión de Investigación y Acusación lo acusó formalmente ante el Senado por su presunta participación en la ‘compraventa’ de fallos judiciales, con fundamento, principalmente, en el testimonio del exfiscal anticorrupción, quien lo señaló de hacer parte del grupo de abogados que direccionaba procesos y condicionaba fallos en el alto tribunal.

 

Moreno indicó que le exigieron al exsenador Musa Besaile $ 2.000 millones a cambio de no ser detenido, y que el proceso lo tenía a su cargo el magistrado Malo. (Lea: Gustavo Malo, primer magistrado de la Corte Suprema que será acusado ante el Senado)

 

Pero además, la Sala Penal de la Corte Suprema pidió investigar a su exmagistrado auxiliar, Camilo Ruiz, por recibir dinero para retrasar procesos. 

 

Para enturbiar aún más la situación de este jurista cartagenero, su hija, Yara Malo, es acusada de supuestos cobros extorsivos a cambio de ubicar laboralmente a relacionados en la Fiscalía General de la Nación.

 

Este hecho se conoció cuando los medios publicaron que la hija del magistrado usaba la identificación de una funcionaria del CTI adscrita a la Corte Suprema de Justicia para ingresas al búnker de la Fiscalía.

 

Un último mencionado en el cartel es Camilo Tarquino, también expresidente de la Corte Suprema, que según declaraciones del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, le habría exigido $ 20.000 millones para ‘colaborarle’ con sus procesos judiciales.  Actualmente se encuentra el proceso en curso en la corporación que presidió, y asistió a interrogatorio ante la Fiscalía.

 

Son muchos más los involucrados, pero los mencionados representaron en su momento las altas dignidades de la justicia y por ello el realce que se debe dar a cada caso.

 

Excongresistas como Álvaro Ashton y Musa Besaile, y el exgobernador Alejandro Lyons, también se destacan como parte de uno de los casos de corrupción de más alto nivel conocidos en la historia del país.  

 

Ahora, el país queda pendiente de las determinaciones que la misma justicia tome y que permitan conocer que tan a fondo llegó la corrupción en la justicia.