La Corte Suprema de Justicia recordó que la contratación estatal es una actividad pública estrictamente reglada a partir de los principios y valores constitucionales que cobijan todas las etapas del proceso contractual, entre ellos, los de interés general, transparencia, igualdad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad. Si estos principios son desconocidos se puede generar una responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal de los servidores públicos y los particulares que intervienen, aseguró. La Corte mencionó algunas de sus manifestaciones, como que el objeto contractual sea real, determinado, lícito, cierto y ajustado a los precios del mercado, que corresponde a los principios de interés general, transparencia, economía, planeación y conmutatividad (M.P. José Leonidas Bustos Martínez).