A pesar de que los sitios habilitados para cumplir una detención transitoria en las unidades de reacción inmediata (URI) están diseñados para una permanencia máxima de 36 horas, muchas personas tardan hasta cuatro meses para que se les resuelva su traslado a un centro de reclusión.

Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo, en un comunicado en el que denuncia que incluso quienes cuentan con el beneficio de la detención domiciliaria permanecen detenidos en esas unidades.

Según la entidad, en 10 centros de detención transitoria visitados por sus funcionarios, se constató que permanecen 516 detenidos, aunque la capacidad apenas llega a 330 cupos, con lo cual el sobrecupo alcanza las 186 personas.

La Defensoría hizo un llamado urgente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, para que tramite los traslados para reseña de estos ciudadanos, con el fin de que puedan ser ubicados en los lugares ordenados por jueces.