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Prórroga del término máximo de detención preventiva rige para ambos sistemas penales

La inexistencia del juez de control de garantías en el proceso penal regido por la Ley 600 no es razón sólida para sostener que el término máximo de la detención no se puede prorrogar en casos adelantados bajo tal codificación.

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01 de Noviembre de 2017

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Ciertamente, las leyes 1760 del 2015 y 1786 del 2016 fueron expedidas con el propósito de modificar el esquema procesal penal desarrollado por el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004). (Lea: ¿Qué régimen de responsabilidad aplica para reclamar la restricción de la libertad originada por capturas en flagrancia?)

 

Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que por tratarse de la acumulación legal de una garantía fundamental la determinación del plazo razonable para investigar y juzgar con privación cautelar de la libertad no es privativa en ningún esquema de juzgamiento en particular, sino que resulta aplicable al margen de las diversas formas de adelantar la investigación y el juzgamiento.

 

Por esta misma razón, indicó el fallo, las sanciones establecidas por el legislador para el desconocimiento de los términos han de operar tanto en uno como en otro régimen procedimental. (Lea: ¿Desde qué momento se puede ejercer el derecho de defensa en un proceso penal?)

 

Con todo, enfatizó que el trámite de la extensión de la vigencia de la detención preventiva rige tanto para el código actual (Ley 906) como para el antiguo sistema de procedimiento penal (Ley 600 del 2000), en procesos seguidos por la justicia penal especializada, sean tres o más los detenidos preventivamente o se trate del juzgamiento de actos de corrupción o cualquiera de las conductas previstas en el Título IV del Libro Segundo del Código Penal.

 

Así mismo, explicó que la inexistencia del juez de control de garantías en el proceso penal regido por la Ley 600 no es razón sólida para sostener que el término máximo de la detención no se puede prorrogar en caso adelantados bajo tal codificación.  (Lea: Estos serían los tres nuevos regímenes para la aplicación de beneficios penales en Colombia)

 

Por el contrario, la lectura de la norma obliga a compatibilizar la figura con los principios rectores y las instituciones propias del proceso penal diseñado en la Ley 600 (M. P.  Patricia Salazar Cuellar).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia STP-169062017 (94564), Oct. 18/17.

 

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