El reclutamiento ilícito de menores de edad en Colombia constituye una grave vulneración a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Esta conducta, vinculada al conflicto armado, implica que los menores sean utilizados de manera directa o indirecta en hostilidades o actividades relacionadas con grupos armados. Como consecuencia, se afectan garantías esenciales como la libertad, la educación, la salud, la alimentación y el libre desarrollo de la personalidad.

Con el fin de enfrentar esta problemática y judicializar a los responsables, la Fiscalía General de la Nación creó el Grupo de Trabajo para la Investigación del Reclutamiento Ilícito y sus Delitos Conexos. Este equipo, adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se encarga de adelantar las indagaciones correspondientes en las zonas más afectadas del país, principalmente en los departamentos del oriente y suroccidente. (Lea: Disidencias de las Farc estarían detrás de explosiones en varias ciudades del suroccidente del país)

El grupo está conformado inicialmente por seis fiscales, apoyados por analistas y personal de policía judicial, y opera bajo un enfoque diferencial que toma en cuenta el contexto territorial y los principios del Derecho Internacional Humanitario. Su labor se orienta a proteger los derechos de las víctimas menores de edad, que suelen ser captadas mediante engaños, presiones o aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad.

La Fiscalía hace un llamado a familiares, allegados o conocidos de niños y adolescentes víctimas del reclutamiento ilícito para que denuncien estos casos. Los canales habilitados para ello son la línea 122 desde celular y la herramienta ‘Denuncia Fácil’.

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