Sobre la trascendencia que en materia de valoración probatoria tiene la protección de los protocolos de cadena de custodia, la Corte Suprema de Justicia aclaró que los problemas de cadena de custodia atañen a la valoración de la evidencia, mas no a su legalidad. Esto, agrega, no significa (i) excluir la obligación constitucional y legal que tiene la Fiscalía General de la Nación de someter las evidencias físicas a los respectivos protocolos; (ii) negar la trascendencia de los protocolos de recolección, embalaje, rotulación, en la autenticación de evidencias físicas que puedan ser fácilmente suplantadas o alteradas ni (iii) desconocer la importancia de la adecuada autenticación de las evidencias físicas en el proceso de determinación de los hechos en el proceso penal. No obstante lo anterior, precisó que si por alguna razón no se cumple con la obligación constitucional y legal de someter las evidencias físicas al procedimiento de cadena de custodia la Ley 906 del 2004 admite que su autenticidad se pueda acreditar por cualquier medio de conocimiento, en virtud del principio de libertad probatoria, carga demostrativa de la parte que las presente (M. P. Jaime Humberto Moreno).