La prescripción penal es una figura jurídica que establece la pérdida del derecho del Estado a ejercer la acción penal cuando transcurre un tiempo determinado sin que se inicien las diligencias correspondientes. Esta situación ocurre cuando los operadores judiciales no adelantan oportunamente las gestiones necesarias para establecer la responsabilidad penal del implicado en un delito.

De acuerdo con la legislación colombiana, el término de prescripción varía según el máximo de la pena establecida en el Código Penal para cada delito. Este periodo no puede ser inferior a cinco años ni superior a veinte años. Si dentro de este plazo no se inicia formalmente el proceso penal, el caso pierde vigencia jurídica y no podrá ser reabierto. (Lea: Homicidio doloso tiene mayor pena por existir intención de causar la muerte de alguien)

La normativa también establece que la prescripción puede ser interrumpida con el inicio de la acción penal. En los procedimientos ordinarios esto ocurre con el acto de imputación, mientras que en los procedimientos abreviados se da con el traslado del escrito de acusación al acusado. Estas actuaciones reactivan el proceso y detienen el cómputo del plazo de prescripción.

Sin embargo, existen excepciones importantes. En Colombia, los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y las conductas sexuales contra menores de edad no están sujetos a prescripción. Esto significa que pueden ser investigados y sancionados en cualquier momento, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que ocurrieron los hechos.

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