La Personería de Bogotá demandó ante el Consejo de Estado la nulidad de la Resolución 2686 del 2012 de la Policía Nacional, a través de la cual se le permite a esta institución el uso de dispositivos electrónicos o pistolas de disparo eléctrico llamadas taser. Según Ricardo Cañon, jefe del ente de control, la norma viola los artículos 1, 2, 11, 12, 152 y el preámbulo de la Constitución Política, que establecen, entre otros, el respeto a la dignidad humana y a la vida y prohíben tratos de tortura, crueles o degradantes. Además, señaló, vulnera la norma que establece que las disposiciones relacionadas con derechos fundamentales solo pueden ser aprobadas por el Congreso a través de ley estatutaria. El accionar de este tipo de armas no está sujeto a ningún tipo de control temporal ni permite diferenciar condiciones materiales del posible infractor expuesto a una descarga eléctrica, como sería pertenecer a la tercera edad, tener problemas cardiacos, mujeres embarazadas o menores de edad, indicó. De acuerdo con la demanda, la empresa Taser International, una de las principales fabricantes, admitió en el año 2005 que el arma puede ser letal. La entidad solicitó la suspensión provisional de la disposición demandada, ya que las armas en mención se están comercializando de manera indiscriminada a particulares.