Para que se configure el delito de prevaricato por acción en la valoración probatoria que hace el juez es necesario que esta sea contundentemente ajena a las reglas de la sana crítica, esto es, que denote capricho y arbitrariedad. De esta forma, está descartado que encontrar otra lectura de las pruebas sea pretexto para considerar que la conducta del funcionario judicial es prevaricadora. La Corte Suprema de Justicia advirtió que la contrariedad manifiesta no se refiere a simples diferencias de criterio respecto a un determinado punto de derecho, especialmente en materias que por su complejidad o ambigüedad admiten diversas interpretaciones u opiniones. Así las cosas, si existe persuasión racional en la valoración, el juzgador tiene total libertad para apreciar los medios probatorios, contrario a lo que ocurre en un sistema de tarifa legal (C.P. Sigifredo Espinosa Pérez).