La Ley 906 del 2004 consagra una presunción legal de autenticidad de los documentos públicos, por lo que se tienen como auténticos y no requieren ser presentados en original en el proceso penal. Así lo aclaró la Corte Suprema de Justicia al indicar que la regla de la mejor evidencia, consagrada en el artículo 433 de la ley mencionada, no se aplica para los documentos públicos. La Corte confirmó la condena impuesta a un juez que firmó documentos públicos que daban constancia de la práctica de dos auxiliares judiciales ad honorem sin que fuera cierto el tiempo de duración. En el fallo, se aclaró que la falsedad ideológica en documento público no requiere la acreditación de una motivación especial, sino que se estructura con el conocimiento de los hechos y la antijuridicidad del comportamiento (M.P. Sigifredo Espinosa Pérez).