Las sentencias de segunda instancia no cobran firmeza y, por tanto, no pueden ejecutarse hasta que no se descarte, desista, inadmita o resuelva el recurso de casación, señaló la Corte Suprema de Justicia. La Corte indicó que es inaceptable una interpretación según la cual la firmeza de una condena proferida en segunda instancia se produce tan pronto como es confirmada. Para la Sala Penal, este tema no se presta a confusiones, pues existe suficiente ilustración en la doctrina y la jurisprudencia. Por esta razón, concluyó que una juez incurrió en el delito de prevaricato por acción, por ordenar ejecutar una condena penal, sin que se surtiera el trámite del recurso de casación. Sin embargo, en el caso concreto, se estableció que la funcionaria había actuado sin dolo, por lo que se configuró un error vencible, que hacía atípica la conducta. La corporación recordó el concepto de error de tipo vencible y los elementos que configuran el delito de prevaricato por acción (M.P. Javier Zapata Ortiz).