El presidente Juan Manuel Santos anunció la preparación de un decreto para adoptar una estrategia nacional en contra de la trata de personas, la cual tendrá una participación importante de la sociedad civil.

Al intervenir en la instalación de la Primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migraciones y Trata de Personas, el mandatario explicó que el objetivo de esa regulación será abordar las cuatro modalidades más recurrentes de este delito en Colombia: explotación sexual, explotación laboral, matrimonio servil y mendicidad.

Por lo tanto, señaló que con el apoyo de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito los operadores de las casas de justicia, las comisarías de familia y los centros de conciliación se están capacitando en atención y protección de las víctimas. Igualmente, indicó que la Policía se está fortaleciendo en materia investigativa, operativa, judicial y administrativa, para ser cada vez más efectiva. 

“En esa misma línea, la Fiscalía General de la Nación creó un grupo de articulación para luchar contra la trata de personas y sus delitos conexos”, indicó Santos, y agregó que en el ente investigador hay fiscales especializados en las ciudades y los departamentos donde se reporta el mayor número de investigaciones, con el fin de garantizar el avance procesal de los casos de trata interna.

Así mismo, el Presidente sostuvo que es necesario fortalecer los canales de intercambio de información con otros países, especialmente en Asia, poniendo énfasis en los principales lugares de destino para la explotación. En ese contexto, invitó a los países de la región a trabajar para combatir la trata de personas.

Cabe recordar que en enero de este año, el Ministerio del Interior presentó un proyecto de norma que propone incluir el sistema nacional de información sobre trata de personas en la plataforma tecnológica del Registro Nacional de Desaparecidos, como módulo independiente en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres.

Con esta regulación, se dotaría a las autoridades de un instrumento técnico que sirva de sustento para diseñar políticas preventivas y represivas relacionadas con ese delito y para la generación de información estadística.

Adicionalmente, en el 2014, el Ejecutivo reglamentó medidas para proteger a las víctimas de dichas prácticas. Esta norma define los principios de acción, los actores que brindarán protección a los afectados y las condiciones del programa creado. Los servicios mínimos que se deben prestar son: retorno de las víctimas a su lugar de origen; seguridad; alojamiento digno; asistencia médica, psicológica y material, e información y asesoría jurídica.

(Presidencia de la República, comunicado, mayo 12/15)