Durante la instalación del foro Ocho años de la Ley de Justicia y Paz, un encuentro académico organizado por la Fiscalía General de la Nación, el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, se refirió a los resultados obtenidos en vigencia de la Ley 975 del 2005.

Según el funcionario, desde la promulgación de la norma se han exhumado 4.189 fosas, recuperado 5.390 cuerpos y entregado 2.338 restos a las familias de las víctimas, gracias al componente de verdad incluido en esa disposición.  Adicionalmente, los postulados han confesado 39.546 delitos, con un total de 51.906 víctimas.

Perdomo resaltó los beneficios del modelo de justicia con enfoque diferencial y la importancia del análisis de contextos. “Hemos tenido revelaciones, a pesar de los muchos inconvenientes. Hoy en día, con la nueva gerencia y con los criterios de priorización, podemos ser más optimistas y avanzar en el proceso de justicia transicional”, agregó.

Por otro lado, la Fiscalía informó que otros 14 expedientes contra bloques y frentes de las autodefensas fueron priorizados. De acuerdo con la entidad, la idea es que antes de mitad de año se profieran las macrosentencias contra un centenar de desmovilizados que están ad portas de recuperar la libertad.

Las investigaciones contra el Bloque Centauros, las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, el Frente Capital y los comandantes Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, y Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito, son algunas de las escogidas.

Precisamente, uno de los procesos más importantes es el del Bloque Centauros, responsable de 17.232 delitos ocurridos en Meta, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Guaviare, Cundinamarca y Bogotá.

El año pasado, la Fiscalía reveló que se ha avanzado en la investigación de nueve temáticas priorizadas, para lo cual ha construido más de nueve macrocontextos y 30 informes de microcontextos de situaciones delimitadas.

Esas temáticas abarcan magnicidios; ejecuciones extrajudiciales; casos de violencia antisindical, contra miembros de la Unión Patriótica y contra periodistas; corrupción en la contratación estatal en Bogotá; la situación de Urabá y los Montes de María, y el contexto general de las FARC.