La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, por presuntas irregularidades en la celebración de más de 100 contratos durante sus últimos días en el cargo. Según la investigación, la exfuncionaria habría desconocido las normas de contratación pública al firmar acuerdos de prestación de servicios y apoyo a la gestión sin cumplir los requisitos legales establecidos.

La investigación evidenció que tras la solicitud pública de renuncia realizada por el presidente Gustavo Petro, el 27 de febrero del 2023, Urrutia ordenó finalizar 104 contratos vigentes por cuatro meses, para posteriormente reanudarlos con condiciones diferentes. Los contratistas argumentaron motivos personales para la terminación anticipada, pero fueron nuevamente vinculados por orden de la entonces funcionaria. (Lea: Crearán código antiviolencia en el fútbol).

Los nuevos contratos se extendieron hasta el 31 de diciembre del 2023, con el aparente objetivo de mantener en el Ministerio del Deporte a personas cercanas a la exministra, incluso después de su salida. Esta actuación fue calificada por el ente acusador como una forma de asegurar la permanencia de aliados dentro de la entidad pública mediante procedimientos irregulares.

Como resultado de estos hechos, la Fiscalía presentó una acusación formal ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El proceso judicial continuará con las audiencias preparatorias, cuya fecha será definida por la Sala Especial de Primera Instancia.

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