La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al resolver un recurso de casación, indicó varias características del postulado de legalidad. Inicialmente, precisó que el artículo 29 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 6º del Código Penal, consagra el principio de legalidad de acuerdo con el cual “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. Igualmente, afirmó que este principio de legalidad se concreta en: (i) la legalidad de los delitos, pues a nadie se le puede juzgar por una conducta que previamente no se haya establecido como tal en el ordenamiento jurídico; (ii) el agotamiento del trámite respectivo, el cual debe estar previamente definido, así como el o los funcionarios encargados de adelantarlo, y (iii) la pena correspondiente a la infracción, que debe determinarse antes de la comisión del comportamiento, a efectos de que sea posible imponerla a quien resulte declarado responsable en el juicio respectivo (M. P. Luis Antonio Hernández Barbosa).