La exdirectora del DAS fue hallada culpable de los delitos de concierto para delinquir (artículo 340 del Código Penal: entre 3 y 6 años de cárcel), violación ilícita de comunicaciones (artículo 192: de 1 a 3 años de prisión), abuso de la función pública (artículo 428: de 1 a 2 años), prevaricato por acción (artículo 413: de 3 a 8 años) y falsedad ideológica en documento público (artículo 286: de 4 a 8 años). A la exfuncionaria, que estuvo asilada en Panamá, se le encontró responsable por las interceptaciones telefónicas y de otros mecanismos de comunicación privados, además de los seguimientos sin orden judicial que se adelantaron en contra de magistrados, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes políticos.