Las personas que hayan sido condenadas por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de menores de 18 años serán inhabilitadas para el desempeño de cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores de edad, en los términos que establezca el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así lo determina la ley que acaba de ser sancionada por el Gobierno. La nueva normativa no define las ocupaciones que son susceptibles de la aplicación de tal impedimento, pues serán definidos por el ICBF en seis meses. Por otro lado, se crea el registro de inhabilidades, del cual corresponde al Ministerio de Defensa - Policía Nacional administrar la base de datos de quienes hayan sido declarados inhabilitados por estos delitos. Los despachos judiciales que profieran sentencias en última instancia deberán enviar a la entidad facultada para administrar el registro el reporte de las personas condenadas por esas conductas, dentro de los ocho días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Igualmente, se define el deber de las entidades públicas o privadas de verificar, previa autorización del aspirante, que no se encuentra en el registro, la omisión de esto acarreará una multa equivalente a entre 50 a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.