El 15 de marzo del 2018 la jurisdicción especial para la paz (JEP) entró en funcionamiento y desde esa fecha los jueces de la jurisdicción ordinaria perdieron competencia para pronunciarse de fondo respecto de los beneficios de la Ley 1820 de 2016, que dicta disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, explicó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente indicó que la JEP conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre del 2016 por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Así las cosas, desde esa fecha le corresponde a esa jurisdicción calificar y constatar si se dan los presupuestos materiales para conocer de las decisiones que se adopten en relación con los beneficios jurídicos de los excombatientes del conflicto amparados en la Ley 1820 (M. P. Patricia Salazar Cuéllar).