La Corte Suprema de Justicia recordó que la antijuridicidad del delito de falsedad ideológica en documento público no se satisface solamente con la mutación de la verdad en los documentos extendidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, que es la antijuridicidad formal, sino que debe demostrarse la antijuridicidad material de la conducta. Por ello, además de la desconfianza que genera la falsedad, debe constatarse en cada caso que en la relación jurídica y social se causó daño o se pusieron en peligro otros intereses particulares o públicos, que podrían ser los derechos que se pretendieron crear, modificar o extinguir en el documento. La corte también señaló que al juez no le está prohibido concluir que existe una duda probatoria, sino llegar a esa conclusión a través de la omisión de pruebas relevantes o desconociendo reglas de la sana crítica (M.P. Jorge Luis Quintero Milanés).