Corte Suprema: Pruebas obtenidas del computador de Raúl Reyes son ilegales

La Corte Suprema de Justicia profirió un auto inhibitorio a favor del excongresista Wilson Borja, por estimar que las pruebas de su supuesta relación con las FARC obtenidas de los computadores que el Ejército se incautó durante el ataque al campamento del líder guerrillero Raúl Reyes en Ecuador, en marzo del 2008, son ilegales.

La Sala Penal recordó que Colombia suscribió un acuerdo de cooperación judicial bilateral con Ecuador, que estipula limitaciones.

El auto señala que solo el Fiscal General de la Nación puede practicar ese tipo de diligencias, previa autorización de las autoridades legitimadas para otorgarla. De modo que ninguna otra autoridad nacional puede traer pruebas penales del exterior, y menos de facto, desconociendo las facultades de las autoridades extranjeras.

Según la Corte, el Ejército colombiano, al actuar con facultades de policía judicial en Ecuador, desatendió lo estipulado en el convenio y, por ende, las pruebas se tornan ilegales (obtenidas con violación del debido proceso) y son nulas de pleno derecho.

Correos electrónicos 

De otro lado, el auto de la Corte indica que los correos electrónicos no podían ser catalogados técnicamente de esa manera, pues no se hallaron en un navegador o red de transmisión de datos, sino en formato Word.

Estos documentos fueron encontrados en archivos estáticos, que no ligan un origen con un destino. “Quienes recogieron esos documentos, los copiaron y clasificaron, no informan haber ingresado al correo presuntamente utilizado por Raúl Reyes, ni a ningún otro, por lo mismo tampoco visualizaron carpetas de entrada y salida con mensajes recibidos y emitidos”, sostuvo la Corte.

Finalmente, el alto tribunal cuestionó la prueba en sí, por el hecho de que su custodio imprimiera procedimientos de observación y copiado, sin dejar constancia  en actas.

El presidente de la Corte, Camilo Tarquino, explicó que los alcances de la decisión se limitan al caso específico. Tarquino resaltó que la corporación hizo un análisis netamente judicial y respetó la operación militar. Además, dejó en claro que la decisión no afecta investigaciones presentes o futuras derivadas de estos hechos.

(CSJ, S. Penal, Auto 29877, mayo 18/11)