La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de revocar la medida de aseguramiento impuesta contra el ex senador Luis Humberto Gómez Gallo, por el delito de concierto para promover grupos armados ilegales. Según la corte, no es procedente aseverar que la Ley 600 del 2000 resultaba más favorable que la Ley 906 del 2004 en cuanto a los fines de la medida de aseguramiento. En el caso de Gómez, la medida impuesta se basó en la interpretación de la norma rectora contenida en el inciso segundo del artículo 3° de la Ley 600 del 2000, análisis que estuvo precedido de la gravedad de la conducta imputada, de la que se dedujo el evidente riesgo para la comunidad. Señaló además la sala que los testimonios, fundamentos jurídicos y fácticos y las pruebas permiten continuar con la medida.