De acuerdo con lo previsto en el artículo 256 de la Ley 599 del 2000, las conexiones fraudulentas no solo dan lugar a la suspensión y/o corte del servicio, tal y como se prevé en los artículos 140 y 141 de la Ley 142 de 1994, sino que puede llevar, incluso, a la comisión del delito de defraudación de fluidos, evento en el que el prestador afectado puede acudir ante las autoridades respectivas, indicó la Superintendencia de Servicios Públicos.  (Lea: En caso de fraude, empresas de servicios públicos pueden ejecutar sanciones de la Ley 142)

Dicho artículo señala puntualmente que quien mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural o señal de telecomunicaciones en perjuicio ajeno, incurrirá en prisión de uno a cuatro años y en multa de uno a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En este caso, corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces penales conocer las conductas de los posibles infractores. La respectiva denuncia debe presentarse en el territorio donde se presenta el presunto hecho punible. (Lea: En servicio de acueducto no se puede eliminar o reducir el cargo fijo)

Aunque el delito de defraudación de fluidos previsto en el Código Penal se extiende a todos los servicios públicos domiciliarios, requiere querella de parte, pues el aparato judicial no conoce la conducta de oficio, señaló la superintendencia.

Superservicios, Concepto 546, 24/07/2017

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