Tras un encuentro con las entidades involucradas en la aplicación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y representantes de campesinos y víctimas del conflicto armado, el Gobierno anunció que afinará los programas de protección y seguridad para garantizar la aplicación de esa norma a partir del 2012.

El Presidente la República mostró su preocupación por las denuncias de amenazas y asesinatos de voceros campesinos que están reclamando sus tierras y porque ha comenzado a funcionar la denominada “mano negra” de los radicales que están en contra de esta política.

Sin embargo, anunció una alianza con la sociedad civil, para garantizar el éxito de la reparación de las víctimas y la restitución de las tierras.

“No vamos a permitir que los enemigos de esta ley se salgan con la suya. Todo lo contrario: vamos a reafirmar nuestra voluntad política y nuestra decisión clarísima de seguir adelante y, por el contrario, hacer que esta ley comience su aplicación de la forma más rápida y más eficaz posible”, sostuvo.

En desarrollo de ella, se adoptarán planes de seguridad para perseguir a quienes pretenden sabotear la aplicación de la ley y se ofrecerán recompensas a quienes ayuden a capturar y a condenar a los responsables, señaló el mandatario.

Por su parte, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, reveló que el próximo 9 de diciembre se reglamentará la Ley de Víctimas, con enfoque diferencial para las comunidades afrocolombianas e indígenas del país.

“La expedición de estos decretos-ley y la destinación de seis billones de pesos para su ejecución nos permite ser muy optimistas, puesto que la plena implementación de Ley de Víctimas es el compromiso más importante que tenemos y de seguro será muy  exitoso”, aseguró el jefe de la cartera política.