Jhony Batalla Mena
Presidente de capítulos del Instituto Colombiano de Derecho Procesal
Máster en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Génova

La reciente publicación del libro Justicia penal y mecanismos de condena sin juicio. Estudios sobre América Latina, compilado por Máximo Langer y Máximo Sozzo (Marcial Pons, 2023), marca un hito en la literatura jurídico-penal contemporánea. Esta obra ofrece un análisis lúcido y empírico sobre las profundas reformas procesales penales en América Latina en las últimas tres décadas y propone una interpretación novedosa: las reformas no solo instauraron sistemas acusatorios adversariales con juicios orales y públicos, sino que consagraron, al mismo tiempo, –y en forma menos visible– una administrativización estructural de la condena penal.

Este artículo parte de dicha hipótesis central para articular un diagnóstico crítico sobre el verdadero alcance de las llamadas “justicias premiales” y sus implicaciones para la legitimidad del castigo penal.

De la oralidad al acuerdo: el doble rostro de la reforma

Las reformas procesales penales de fines del siglo XX y principios del XXI fueron diseñadas como un cambio de paradigma frente al modelo inquisitivo-escrito decimonónico, heredado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1882. Este modelo, dominante en América Latina tras las independencias, privilegiaba la escritura, el secreto y la investigación judicial, debilitando las garantías del acusado y opacando el control público de la justicia penal.

Las nuevas legislaciones acusatorias trajeron oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y mayor protagonismo para el fiscal y la víctima, alineándose con estándares internacionales y promesas de eficiencia y democratización. En esa narrativa, el juicio oral pasó a simbolizar el ideal de justicia en democracia.

Pero, como advierten los trabajos de Langer y Sozzo, las reformas también institucionalizaron mecanismos para imponer condenas sin juicio oral ni debate pleno, sustentados en el consentimiento del acusado: procedimientos abreviados, suspensiones condicionales del proceso y otras modalidades de terminación anticipada. Estos mecanismos, aunque relacionados con el principio de oportunidad en tanto expresión de selección estratégica de casos, van más allá: no solo implican la posibilidad de no perseguir, sino de imponer condena negociada en procedimientos formalmente abreviados y no contradictorios. Es decir, habilitan una justicia premial que combina eficiencia administrativa con castigo penal, sin agotamiento del contradictorio probatorio.

Administrativización de las condenas penales: un concepto clave

El aporte más potente del libro reside en el concepto de administrativización de las condenas penales, desarrollado por Langer en el capítulo inicial. Bajo esta noción, las decisiones de culpabilidad y condena se desplazan progresivamente hacia operadores administrativos o cuasi-judiciales que las adoptan a través de procedimientos simplificados, con intervención judicial meramente de control. Así, el consentimiento –explícito o implícito– del acusado legitima una resolución expedita, sacrificando la contradicción plena y desdibujando la frontera entre jurisdicción penal y administración del castigo.

En esta lógica, las justicias premiales se sostienen en un delicado equilibrio entre el principio de oportunidad –que permite a la fiscalía seleccionar y priorizar casos– y mecanismos consensuados que imponen castigos rápidos, sin juicio público. Pero el análisis no se limita al principio de oportunidad: lo que se configura es un fenómeno más amplio, que redefine la justicia penal como una justicia burocrática, administrada y negociada para la mayoría de los casos.

El desafío normativo y democrático

El libro subraya una paradoja de las reformas: mientras celebran el juicio oral como emblema democrático, los sistemas reformados terminan administrativizando la gran mayoría de los casos a través de acuerdos premiales. Esta tensión plantea preguntas sobre la legitimidad de las condenas y la erosión de las garantías procesales que justifican el poder punitivo del Estado.

La administrativización no debe interpretarse meramente como un atajo eficiente, sino como una transformación estructural que redefine la naturaleza misma de la justicia penal contemporánea. Si bien las justicias premiales son inevitables para enfrentar el colapso de los sistemas judiciales, es fundamental debatir sus límites y su impacto sobre los derechos fundamentales y la función deliberativa del juicio público.

En definitiva, la obra Justicia penal y mecanismos de condena sin juicio: Estudios sobre América Latina constituye una herramienta indispensable para juristas, académicos y operadores que buscan comprender las complejas transformaciones de la justicia penal regional. Su análisis de la administrativización de las condenas penales y de las justicias premiales permite ir más allá de la superficie del principio de oportunidad y entender las dinámicas profundas que moldean el castigo penal contemporáneo en América Latina. Este libro es, sin duda, la joya de la corona para estudiar críticamente el doble rostro de las reformas acusatorias: más transparencia para algunos casos, más burocracia y acuerdos para la mayoría.

Referencias

- Langer, M., & Sozzo, M. (comps.). (2023). Justicia penal y mecanismos de condena sin juicio: estudios sobre América Latina. Buenos Aires/Madrid/Barcelona: Marcial Pons.

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