Confirman aseguramiento de funcionarios judiciales investigados por corrupción en Bogotá

El juez 17 penal del circuito de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento emitida contra un juez y siete funcionarios judiciales por incurrir, presuntamente, en acciones ilícitas en el desempeño de sus funciones.

En la audiencia, realizada el pasado 21 de octubre, y en la que se estudió la ilegalidad de la imposición de las órdenes de captura, el juzgador de segunda instancia desestimó la petición revocatoria.

De acuerdo con la decisión, en ningún momento se emitió una orden de captura infundada, ni se distorsionó lo dicho por la Fiscalía 13 de la Unidad de Investigaciones contra los funcionarios de la Rama Judicial.

Según la fiscal del caso, mediante la distribución de los procesos en el complejo judicial de Paloquemao, se dirigían los casos para que el juez implicado favoreciera a quienes pagaban por obtener un beneficio.

Un ejemplo de ello fue lo ocurrido el 30 de julio de este año, cuando se le otorgó la prisión domiciliaria a un detenido que canceló una suma millonaria para lograr la excarcelación. En otra ocasión, se cobraron 13 millones de pesos por conceder el traslado de un preso de un centro carcelario a otro.

Por hechos como estos, fueron cobijados con detención en establecimiento carcelario el juez 26 penal municipal de Bogotá con función de control de garantías, Ricardo del Cristo Rodríguez; y los funcionarios judiciales Alejandro Francisco Navas, Carmen Alicia Garzón, Daniel Esteban Hurtado, Jaime Eduardo Camargo, Javier Yesid Español y Manuel Humberto González.

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica, tráfico de influencias y cohecho.

Precisamente, en noviembre pasado, la Unidad Nacional para la Investigación de Funcionarios de la Rama Judicial anunció que está investigando a más de 1.000 personas implicadas en actos de corrupción en sus labores como jueces, fiscales, procuradores, trabajadores de Medicina Legal, investigadores del CTI, peritos, entre otros cargos.

Según la entidad, los investigados habrían incurrido en delitos como prevaricato por acción u omisión, cohecho, concierto para delinquir y falsedad en documentos públicos y privados.