La Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación presentada por la defensa de Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, condenada por su participación en el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini y quien fue vinculada al primer grupo de personas encargado de dirigir el proyecto, vigilar el desarrollo del plan y cubrir paulatinamente las necesidades logísticas del delito.

Chacón fue condenada a 39 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego agravado. El Tribunal Superior de Cartagena confirmó la condena por el primer delito y la absolvió por el segundo fijando su pena en 35 años de cárcel. La Sala Penal consideró que en la revisión del expediente no se advirtió la vulneración alguna de garantías fundamentales que ameriten el ejercicio de las facultades oficiosas.

En la solicitud, la defensa señaló que la procesada no tuvo contacto con los autores materiales del homicidio y, en ese sentido, da a entender que ello permite descartar la coautoría (impropia) por la falta de uno de sus elementos estructurales (el acuerdo previo o concomitante). Sin embargo, no explicó esta particular postura.

Igualmente, la Sala Penal consideró que la defensa en lugar de analizar la conducta a la luz de las normas penales aplicadas al caso centró su argumentación en juicios hipotéticos sobre los efectos de la supresión del aporte de cada coautor cuando una función en particular fue asignada a varias personas. Su aceptación se traduciría en la imposibilidad de penalizar a los responsables del homicidio. Quedó en firme el fallo del Tribunal Superior de Cartagena (M. P. Carlos Roberto Solórzano Garavito).

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