La Corte Suprema de Justicia señaló que “cualquier limitación al libre ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, en contextos delictivos, tiene que ser objeto de denuncia criminal”, más aun cuando es un ciudadano a quien la sociedad le ha confiado funciones legislativas y le ha otorgado dignidades públicas que lo obligan a defender lo legal e institucional. El pronunciamiento lo hizo el alto tribunal en la sentencia que condenó al expresidente del Congreso Javier Cáceres Leal. La Sala Penal dijo en la sentencia que el análisis de las pruebas permitió demostrar que la “decencia y legalidad” no autoriza a ningún habitante de Colombia para hacer pactos clandestinos con delincuentes sin consultar con instancias de decisión del Estado. En el fallo, la Corte analiza la prueba directa e indirecta con respecto a los testimonios dentro del proceso.