Reacciones a la caída del fuero penal militar

Según Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), uno de los demandantes en la acción de constitucionalidad que tumbó la reforma el fuero penal militar, los miembros de la fuerza pública deben ser respetados en sus derechos dentro del proceso judicial respectivo, como toda persona. Sin embargo, “lo que establecía la reforma era una fortaleza inexpugnable de complicidad con cualquier violación que se cometiera”.

A su juicio, el vicio de trámite que dio al traste con la reforma no era el único problema de ese acto legislativo. “Esto no era una maravilla, sino que era muy grave para la justicia en Colombia y para las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, puntualizó el jurista.

Por lo anterior, consideró que de no haberse dado la decisión de declarar inexequible esta reforma por vicios de trámite, “con mayor razón se hubiera caído por el contenido”.

La contradicción con la normativa internacional y la esencia de la Constitución hacen que “el mejor camino que le queda al Gobierno es no insistir en esas reformas y, de hacerlo, seguramente serían declaradas inconstitucionales”, anotó.

Contraste con el Marco para la Paz

En declaraciones a los medios, Alejandro Ordoñez, procurador general de la Nación, manifestó su preocupación por lo que consideró un contraste entre el hundimiento de la reforma al fuero penal militar y el aval dado al denominado Marco Jurídico para la Paz.

Al respecto, indicó que esta última reforma constitucional les brinda garantías a los alzados en armas en el marco de la justicia transicional, con fundamento en la existencia de una confrontación interna. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los militares.

Para el funcionario, se trata de una “política de dos pesos y dos medidas”, pues los vicios en la pasada reforma tributaria no fueron valorados de la misma manera por el juez constitucional.

El fuero sigue

Por su parte, la representante Ángela María Robledo enfatizó en el improbable éxito de un proyecto de acto legislativo en una época preelectoral, en la que la ausencia de quórum es sistemática.

Robledo ha sostenido que para mejorar y calificar a la Justicia Penal Militar no es necesario ampliar el fuero. “Si lo que se quiere es una justicia que opere con mejores condiciones, lo que hay que hacer, en primer lugar, es garantizar que los integrantes de las Fuerzas Militares cumplan con la normativa obligatoria para Colombia, es decir, erradicar de fondo el problema”.

La representante precisó que, en este momento, la institucionalidad debe apostarle a una justicia ordinaria cuyas funciones sean transparentes, lo que beneficiará no solo a los militares, sino a toda la sociedad.

Finalmente, consideró necesario precisar que los artículos constitucionales que amparan el fuero penal militar siguen vigentes.

Habrá garantías para militares

El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, indicó que la inconstitucionalidad de la reforma al fuero penal militar, que ratifica la competencia de esa corporación para dirimir conflictos entre jueces castrenses y ordinarios, en nada cambiará las garantías que se han brindado a los uniformados.

Según el magistrado, durante el 2013, el 43 % de los conflictos han sido dirimidos a favor de la justicia castrense.