El pasado 5 de agosto se sancionó una ley que contiene medidas para proteger a menores de edad y jóvenes entre 18 y hasta 25 años que pertenezcan a los grupos A, B y C del Sisbén IV y hayan perdido a la madre como víctima de feminicidio.

Esta población recibirá asistencia legal, económica, emocional, sicosocial, educativa, recreacional, cultural, deportiva, de empleabilidad y salud.

Se reconocerán los gastos funerarios de la víctima y los hijos tendrán asistencia económica a cargo del Departamento de Prosperidad Social (DPS), acceso preferencial a programas de educación, a programas culturales y deportivos y hasta atención sicosocial para manejo del duelo. (Lea: Autoridades deben actuar de forma proactiva, pronta y coordinada para evitar feminicidios)

Varias instituciones deberán adoptar un registro nacional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 18 y hasta los 25 años de edad afectados por la pérdida de su madre o mujer que tenga la patria potestad o custodia legal víctima del delito de feminicidio para definir políticas públicas de prevención, protección, atención y reparación.

A los medios de comunicación se les exigirán buenas prácticas, lenguaje responsable y herramientas para realizar coberturas informativas sin revictimización sobre violencia feminicida, con un enfoque que respete la intimidad, dignidad, el buen nombre y la memoria de las víctimas y sus familiares. (Lea: “El feminicidio es un delito más visible, pero se fracasó en materia de prevención”)

En un término no mayor a seis meses se expediría un decreto para definir puntuación adicional en los procesos de licitación pública, concursos de méritos y contratación directa para las empresas y entidades que en su personal operativo tengan jóvenes entre 18 y 25 años de edad que hayan perdido a la madre por feminicidio.

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