Cuatro abogados y varios funcionarios, acusados por direccionar fallos judiciales

Tras un trabajo de investigación liderado por la Fiscalía General de la Nación se puso al descubierto un acuerdo criminal que, entre abril y agosto del 2014, presuntamente direccionó seis fallos en favor de particulares que demandaron administrativamente a distintas entidades en Atlántico.

De acuerdo con la investigación, los abogados cuestionados, al parecer, le entregaron $ 10 millones a un juez administrativo de Barranquilla y otra suma a una jueza de Sabanalarga, con el fin de obtener una rápida y favorable decisión en un caso tramitado en esos juzgados.

El ente investigativo acusó formalmente a una funcionaria de la Procuraduría por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho impropio, a una asesora del Tribunal Administrativo del Atlántico por cohecho impropio y cohecho propio y a cuatro abogados por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

#ATENCIÓN | El trabajo investigativo de la #Fiscalía puso al descubierto un entramado criminal que, entre abril y agosto de 2014, presuntamente direccionó seis fallos en favor de particulares que demandaron administrativamente a distintas entidades en Atlántico. pic.twitter.com/TjDxSJPH6t

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 18, 2023

Se estableció que la asesora del Tribunal Administrativo del Atlántico proyectó una sentencia en la que este tribunal ordenó a la Policía Nacional indemnizar a un grupo de personas, decisión que fue avalada por la sustanciadora de la Procuraduría. En estas actuaciones medió la entrega de $ 12 millones, repartidos entre las dos funcionarias.

La servidora del tribunal presuntamente acordó que recibiría $ 20 millones para promover un fallo de segunda instancia que declarara responsable a la Policía Nacional por el posible actuar irregular de un uniformado que dejó varias personas afectadas.

De otra parte, se acreditó que la sustanciadora habría intercedido en el aplazamiento del reparto de una decisión de segunda instancia, de manera que el expediente llegara a un juzgado que beneficiara los intereses de varios recicladores, representados por los abogados acusados y que pedían no ser desalojados de un área de espacio público en zona portuaria.