Ante la solicitud de apoyo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para sustanciar y fallar el proceso en el que fue condenado Álvaro Uribe Vélez a 12 años por fraude procesal y soborno en actuación penal, el Consejo Superior de la Judicatura tomó una serie de decisiones.

Inicialmente, ordenó crear, a partir del 11 de agosto y hasta el 10 de octubre, tres cargos de magistrado de tribunal adjunto para la Sala Penal, a los cuales se exigirá como meta mensual proferir 10 sentencias o decisiones de fondo. (Lea: Niegan suspensión de detención domiciliaria solicitada por Álvaro Uribe)

Gracias a lo anterior, los magistrados titulares de la Sala Penal, con el apoyo de un empleado de su despacho, sustanciarán y decidirán en segunda instancia el proceso contra Uribe. (Lea: Condenan a Álvaro Uribe a 12 años por soborno en actuación penal y fraude procesal)

Por otro lado, se aceptó el impedimento manifestado por el magistrado Ramiro Riaño, quien informó que su compañera permanente fue nombrada, en el año 2013, como fiscal local en provisionalidad en la época para la cual el actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se desempeñaba como fiscal general de la Nación, víctima reconocida en el proceso adelantado contra el expresidente.

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