Acaba de entrar en vigencia la Ley 1426, que estableció como agravante de los delitos de homicidio, secuestro y amenaza el hecho de que la víctima sea defensor de derechos humanos. Esta ley también aumentó el término de prescripción, de 20 a 30 años, para los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos.